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La lucha contra la despoblación se diluye entre las medidas frente al reto demográfico

Las propuestas presentadas por el PSOE y el PP van más allá de la situación crítica de territorios como Teruel.

5 de febrero de 2019|13:54
Tiempo de lectura: 7 minutos
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Al final se ha hablado tanto de la despoblación y del reto demográfico, que en las políticas públicas que puedan salir adelante próximamente acabarán sacando tajadas todos, porque ahora resulta que el problema es que todo el mundo pierde población. Queda por ver cómo encajarán dentro de esos planteamientos territorios en situación crítica como Teruel, ya que los paquetes de medidas que se van planteando mezclan la despoblación con el reto demográfico como un problema más gordo, puesto que de ello va a depender el mantenimiento del propio sistema, como informan en Diario de Teruel.

Cuando se empezó a hablar de reto demográfico ya se advirtió que ese problema no podía diluir el de la despoblación, que es más grande porque además del envejecimiento entraña la pérdida de los habitantes de un territorio hasta convertirlo en un desierto demográfico. Y en estos momentos, a la vista de los planteamientos que se están haciendo, la lucha contra la despoblación empieza a diluirse en ese problema que afecta a todos, pueblos y ciudades, como es el reto demográfico: disminuye la población a la vez que envejece y se pone en cuestión así cómo hacer frente a gastos como el de las pensiones.

De hecho, entre las medidas que dio a conocer esta semana pasada la comisionada estatal frente al reto demográfico en el Congreso, se incluían cuestiones como las pensiones y otras que no tienen nada que ver con la situación extrema que padecen  provincias como las de Teruel, Cuenca y Soria, y que aunque son también un problema importantísimo, pueden acabar diluyendo la demanda de los territorios que están ya en un momento crítico y en los que urgen medidas extraordinarias y específicas.

Aunque todavía no se conoce la estrategia frente al reto demográfico, cuya presentación se sigue diciendo desde el Gobierno central que se hará en primavera, la comisionada ya dejó vislumbrar días atrás en el Congreso por dónde irán los tiros.

Isaura Leal presentó el pasado jueves en la Cámara Baja el marco estratégico que, según explicó, implica a todos los departamentos ministeriales en la lucha frente al reto demográfico. Lo que hizo fue explicar la visión transversal que se ha querido conferir a los Presupuestos Generales del Estado de 2019 que se encuentran en tramitación parlamentaria, incorporando los riesgos demográficos en todas las políticas públicas de los distintos ministerios.

Tanto es así que en ese análisis de cómo el reto demográfico está presente de forma transversal en todos los departamentos ministeriales, el incremento de las partidas referidas a infraestructuras de Fomento también tienen que ver con estas políticas al haber aumentado un 14,1% la inversión en carreteras y en un 160% la inversión en la red convencional del ferrocarril en el conjunto del Estado.

A falta de que se cierre esa estrategia frente al reto demográfico que debería conocerse desde finales de 2017 y que el anterior Gobierno del PP fue incapaz de sacar adelante, el actual lanza ahora su propuesta transversal en los PGE, donde se recogen medidas muy genéricas, algunas heredadas del anterior Ejecutivo, y otras nuevas aunque con un alcance presupuestario muy limitado como son los 10 millones incluidos para crear oficinas contra la despoblación.

Hasta el Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) con los 30 millones que aporta el Estado figura, con lo cual se supone que debería dársele otro uso si de verdad se pretende que cumpla con el objetivo de luchar contra la despoblación, ya que el informe de fiscalización que  la Cámara de Cuentas de Aragón presentó el año pasado dejó bien claro que este fondo especial no había servido para eso.

Medidas concretas

Sí que en lo presentado por la comisionada en el Congreso figuran políticas que pueden servir para combatir la despoblación, como los 80 millones del Fondo Social Europeo dirigidos a afrontar el reto demográfico en los municipios de menor población, u otras medidas en política de vivienda o servicios públicos, si bien el tope que se fija siempre son municipios con menos de 5.000 habitantes. No hay un tratamiento diferencial para los pueblos que están muy por debajo de esa cifra, es decir, para atender aquellos núcleos de población en situación crítica.

Entre las medidas aventuradas ya en los PGE de este año que tendrán incidencia en el reto demográfico la comisionada se refirió al incremento del salario mínimo interprofesional en un 22%, que es una medida genérica que sí puede tener su incidencia en el problema demográfico puesto que supondrá un aumento del poder adquisitivo, pero no así en el de la despoblación. Y es que son dos problemas distintos, el demográfico y el de la despoblación, aunque relacionados, y ahí está la trampa y el riesgo de que al final el segundo se diluya, como lleva camino de suceder, con el primero.

Otras propuestas que expuso la comisionada pueden tener una incidencia específica, como el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019 con medidas específicas para zonas en riesgo de despoblación, la ampliación de la tarifa plana para autónomos en municipios de menos de 5.000 habitantes, o el aumento en un 5% del Plan de Fomento del Empleo Agrario para trabajadores en zonas rurales deprimidas.

Junto a esas la comisionada expuso otras medidas de diferente ámbito que abarcan la igualdad y la cohesión social, la conciliación, el desarrollo y la igualdad de las mujeres en todo el territorio, el plan de banda ancha de 30 Mbps, y otras orientadas a los jóvenes en el medio rural. Pero se echa en falta, salvo los diez millones para oficinas, una actuación específica para hacer frente al problema de la despoblación en territorios en situación extrema, que es mucho más grave que el del reto demográfico en su conjunto porque va a suponer la desertización demográfica de muchas comarcas.

Y si el jueves la comisionada presentaba en el Congreso esa visión transversal de los PGE de 2019 frente al reto demográfico, al día siguiente el PP en el Senado presentaba sus propuestas frente a la misma problemática, el reto demográfico y la despoblación, algo que tenía pendiente desde mediados de 2017.

El paquete de 100 medidas propuesto por el PP en el Senado incluye desde iniciativas fiscales de respaldo a las familias y la natalidad, a ayudas a familias de dos hijos y madres jóvenes, así como apoyos a la conciliación, junto a un amplio catálogo de propuestas frente a la despoblación, con fórmulas de discriminación positiva e incentivos a la actividad económica. En la batería de propuestas incluye igualmente varias iniciativas legislativas para el apoyo a las familias, la conciliación o los pequeños municipios.

Lo que llama la atención en este caso es que el PP haya esperado hasta estar en la oposición, y justo en los meses previos a las elecciones autonómicas y municipales de mayo, para presentar sus propuestas en la Comisión especial sobre la evolución demográfica en España que ellos mismos impulsaron a finales de 2016 en la Cámara Alta, y no lo hayan hecho antes.

Esta comisión se constituyó justo después de que se creara el comisionado estatal frente al reto demográfico, si bien el acuerdo de creación fue anterior, y a mediados de 2017 habían concluido en teoría las comparecencias en la misma para empezar a trabajar en las propuestas.

Se pidió a todos los grupos que presentaran sus iniciativas a lo largo del verano, pero en septiembre el PP seguía sin hacerlo y así continuó en los meses sucesivos sin que hubiera avances en la comisión, salvo alguna actividad en concreto como la visita que algunos de sus miembros hicieron a las provincias de Teruel, Cuenca y Soria como territorios despoblados.

Tras producirse la moción de censura, de la noche al día la comisión se reactivó, aunque el PP siguió sin presentar sus propuestas hasta ahora, en las que articula sus planteamientos en torno al reto demográfico y de manera más específica sobre la despoblación.

Paquetes

El primer paquete de propuestas va orientado más hacia el apoyo a las familias y a la natalidad, como principal problema del reto demográfico al descender los nacimientos, mientras que el segundo lo orienta al envejecimiento, y el último eje a la sensibilización y a conseguir que los desafíos demográficos y la despoblación sean tenidos en cuenta en el marco financiero plurianual de la Unión Europea.

Sí que el tercer eje de sus propuestas se centra específicamente en la lucha contra la despoblación, planteando en primer lugar una adecuada prestación de los servicios públicos, mejoras de las dotaciones, banda ancha, mejoras de la movilidad y una reforma del sistema de financiación autonómica, así como una ley de pequeños municipios.

Y de forma más concreta plantea toda una serie de instrumentos de discriminación positiva que incluyen la incorporación de incentivos a la actividad económica, la iniciativa empresarial y la creación de empleo; ayudas fiscales a las familias en las zonas con escasa población; facilitar el acceso a ayudas para favorecer la empleabilidad en estos territorios, así como ayudas específicas para nuevas iniciativas de emprendimiento en estas zonas, y la aprobación de un nuevo Plan Estratégico de Integración que desarrolle campañas de convivencia y respeto en igualdad para la integración de inmigrantes.

A la vista de lo que está pasando, el riesgo que corre el debate político sobre el reto demográfico y la despoblación es que el problema acabe difuminado en la confrontación política, cuando lo que hace falta es un amplio pacto político para sacar adelante de una vez por todas las medidas que urge implantar ya, en lugar de hacer del problema un elemento más de trifulca y de discusión. De poco servirá que el discurso político oscile en cada momento en función de dónde se está, si gobernando o en la oposición, cuando lo que hace falta es una política coherente que de verdad quiera afrontar el problema   en lugar de convertirlo en un arma arrojadiza más del debate parlamentario.

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