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15.000 personas podrán optar a la renta de inclusión en Valencia

Los centros de servicios sociales municipales serán los encargados de tramitar la nueva renta de inclusión, regulada en una ley que entrará en vigor el próximo lunes 23 de abril.

Fuente: Valencia Plaza
20 de abril de 2018|12:00
Tiempo de lectura: 2 minutos
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La concejala de Inserción Sociolaboral, Isabel Lozano, ha presentado este jueves, junto con la directora general de Inclusión Social de la Generalitat Valenciana, Imma Carda, la entrada en vigor de la Ley de la Renta Valenciana de Inclusión. Según el último estudio encargado a la Universidad de Valencia para tener un diagnóstico sociodemográfico de la ciudad, son susceptibles de pedir esta renta de 7.000 a 15.000 personas, según aseguró Lozano, quien aseguró que la entrada en vigor de esta norma «supone un grande avance por el que respeta a la atención a la exclusión», informan desde Valencia Plaza.

Los centros de servicios sociales municipales serán los encargados de tramitar la nueva renta de inclusión, regulada en una ley que entrará en vigor el próximo lunes 23 de abril. Esta norma autonómica garantizará el derecho de tener cubiertas las necesidades básicas a aquellas personas y unidades de convivencia que no disponen de los recursos suficientes para hacerlo. Además, los beneficiarios tendrán la opción de insertarse en un plan de inclusión sociolaboral con el fin de no cronificar su situación.

Entre las novedades de esta prestación económica, que sustituirá la renta garantizada de ciudadanía con diferentes modalidades, destaca el hecho que reconoce a los municipios la autoridad a la hora de atender a las personas en situación de vulnerabilidad y de exclusión.

Valencia buscará familias en riesgo de exclusión

En un principio, el Ayuntamiento, además de tramitar las solicitudes, también desarrollará tareas para detectar familias y unidades de convivencia que están en situación de vulnerabilidad y residían habitualmente en el municipio, con independencia del lugar donde pernoctan. Asimismo, los técnicos municipales se encargarán de hacer seguimientos de los casos y de los diferentes programas de inclusión, «y para llevar a cabo esta atención de proximidad, hemos dotado de más personal los centros de servicios sociales», según Lozano.

Por lo que respecta, al plazo máximo de tramitación de los expedientes, éste será de seis meses, a excepción de aquellos relacionados con colectivos de mayor vulnerabilidad como, por ejemplo, las víctimas de violencia de género o de trata, que se agilizará para resolver en menos de tres meses.

Cuatro tipo de prestaciones

La ley cuenta con cuatro tipos de prestaciones, según las necesidades que tengan los diferentes sectores de la población con pocos recursos. Las modalidades que empezarán a aplicarse este año, que serán las de inclusión social, que su titular subscribe voluntariamente un acuerdo de inclusión social, y la de ingresos mínimos, el beneficiario de la cual no subscribe este compromiso, podrán incluir en los dos casos incrementos de hasta el 25 % para hacer frente al pago de la vivienda o a situaciones de pobreza energética.

A partir de 2019 empezará a tramitarse la renta complementaria de ingresos al trabajo y otra ayuda que tiene el objetivo de completar el dinero que reciben los ciudadanos vía prestaciones sociales básicas, como las pensiones o el seguro de desocupación.

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