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Detenido por fingir ser dueño de casas rurales para estafar a más de cien personas

El acusado, ingeniero informático, suplantaba webs de portales para quedarse el dinero de las reservas.

Fuente: Levante
24 de abril de 2018|17:39
Tiempo de lectura: 2 minutos
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Una minuciosa investigación coordinada por la Guardia Civil de Xàtiva que se ha prolongado durante casi dos años ha culminado con la detención de un ingeniero informático de 46 años acusado de haber estafado más de 70.000 euros a cerca de un centenar de turistas nacionales y extranjeros con falsas reservas de alojamientos rurales a través de internet. Otro hombre de 41 años con conocimientos financieros también ha sido imputado en la misma operación, informan desde Levante EMV.

Los usuarios afectados eran redirigidos a una web falsa cuando accedían a Toprural y Airbnb para efectuar un alquiler, de forma que, cuando hacían efectivo el ingreso online, el dinero iba a parar a la cuenta de los estafadores y se quedaban sin la reserva.

A los investigados, de origen español, se les imputan los delitos de estafa, falsedad documental y suplantación de identidad. El delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, ha elogiado la investigación «meticulosa y detallada» de la Guardia Civil de Xàtiva, que arrancó a partir de una denuncia interpuesta en el municipio de Chellas. Los investigadores tuvieron que ponerse en contacto con Google para poder tirar del hilo, practicaron un rastreo de las cuentas y esclarecieron el lugar desde el que se practicaba la suplantación de los portales turísticos mediante la técnica conocida como phising.

El volumen de lo estafado podría ascender a más de 70.000 euros, si bien el capitán de la Compañía de Xàtiva, Antonio Carrillo, ha subrayado que «todavía continúa la fase de recogida de denuncias» y se espera que el número de estafados, de momento un centenar, pueda incrementarse. El caso ha adoptado una escala internacional y hay varios afectados en el extranjero. El Juzgado de Instrucción número 2 de Xàtiva ha asumido las diligencias de investigación penal. Los estafadores se hacían pasar por los dueños de las casas, enviando a los clientes un contrato de arrendamiento falsificado con los datos de los propietarios para hacer más creíble el engaño y solicitaban el pago total o parcial del alquiler. Inmediatamente, antes de que las personas estafadas pudiesen darse cuenta y anular las transferencias, retiraban el dinero.

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