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Los parados valencianos tampoco pagarán por los medicamentos

El Consell amplía las ayudas frente al copago farmacéutico al colectivo de desempleados con rentas inferiores a los 18.000 euros.

Fuente: Intereconomia
25 de abril de 2018|19:03
Tiempo de lectura: 2 minutos
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Los valencianos que estén cobrando la prestación o el subsidio por desempleo y cuyas rentas anuales sean inferiores a los 18.000 euros no pagarán por los medicamentos a los que el Estado aplica actualmente un copago del 40 %, informan desde Levante.

Así lo han anunciado esta mañana el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, junto a la consellera de Sanidad, Carmen Montón. La medida, que entrará en vigor el próximo 1 de mayo beneficiará a unos 230.000 personas, casi la totalidad del colectivo de parados en la Comunidad Valenciana, según se ha apuntado, y tiene un presupuesto anual de 10 millones de euros. Actualmente, los parados de larga duración que han perdido el derecho a percibir el subsidio ya están exentos del copago.

Con esta medida, el Consell amplía el número de personas beneficiarias de las ayudas al copago farmacéutico de la que ya disfrutan pensionistas de rentas bajas, discapacitados y menores vinculados a personas que cobren por debajo de 18.000 euros anuales.

Gracias a esta ampliación de las ayudas, la consellera ha defendido que se avanza en la «recuperación de derechos» de los colectivos más desfavorecidos, los que tienen un índice de abandono de los tratamientos médicos más alto en parte por el copago de los medicamentos. «Con estas ayudas se ha conseguido reducir el abandono de los tratamientos en un 39 % así que son ayudas que están beneficiando la salud de las personas más vulnerables de la Comunidad Valenciana», ha dicho la consellera.

Posible recurso estatal

Montón ha defendido, por otra parte, que estas nuevas ayudas frente al copago farmacéutico se han articulado «con la suficiente seguridad jurídica. Este gobierno ha demostrado que siempre encuentra la fórmula para garantizar la salud como derecho», ha asegurado ante la posibilidad de que, como en ocasiones anteriores, el Gobierno central recurra la aplicación de estas medidas para anular los copagos farmacéuticos impuestos desde 2012.

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