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«Perdí la pierna y tras años de espera no me dan la ayuda de dependencia», afirma Jaime Francisco Cabo, con 82 años

La familia de Jaime Francisco Cabo, solicitante de las prestaciones de 82 años de edad, estudiará el coste económico y la viabilidad de presentar un recurso de alzada ante una decisión que consideran injusta.

Fuente: Las Provincias
26 de abril de 2018|09:38
Tiempo de lectura: 3 minutos
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Jaime Francisco se enfrenta cada día a un sinfín de dificultades, especialmente cuando se avería el ascensor del edificio en el que reside en Valencia. En 2011, a causa de un carcinoma -un tumor maligno- perdió la pierna derecha, por lo que su movilidad se vio seriamente disminuida y necesita de un andador para poder desplazarse. Eso, sí, como él mismo aclara, siempre en distancias cortas porque «voy muy despacito. Y si voy lejos, me lleva mi hijo en el carro», informan desde Las Provincias.

Tras la operación, Jaime Francisco decidió solicitar las prestaciones previstas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia consciente de los retrasos que arrastraba la concesión de estas ayudas y de que debería esperar un tiempo. Sin embargo y ante la falta de respuestas, en 2014 por segunda vez, y el año pasado, de nuevo, volvió a reclamar unas prestaciones que, entiende, le corresponden por su situación. Sin embargo, esta semana ha recibido una notificación de la Dirección General de Servicios Sociales y Personas en Situación de Dependencia que le ha llenado de desesperanza. La ansiada resolución de su caso dictamina que presenta grado cero (no dependiente) «en consideración a las circunstancias expuestas en el dictamen técnico», según reza el citado informe. «Perdí la pierna y, después de seis años esperando, me deniegan las ayudas», lamenta este vecino de 82 años.

Ni Jaime Francisco ni su hijo Paco se explican por qué les ha sido denegada la ayuda. Según narra el propio afectado, ha tenido que recurrir a una asistente para que, a diario, le prepare la comida, haga la compra y realice tareas domésticas como poner la lavadora o limpiar. «Antes me hacía yo la comida y tendía, pero ahora ya no puedo. Y con el ‘taca taca’ -como él llama al andador- es muy complicado ir a comprar», reconoce.

Su hijo Paco y su nieta se encargan de ayudarle con el aseo personal por la inseguridad que supone, en su situación, entrar y salir de la ducha. «Puedo acostarme por la noche y levantarme por la mañana, ponerme en la mesa que tengo al lado de la nevera y tomarme un café con leche y galletas, y bajar hasta el banco que hay en la puerta de mi casa, siempre que funcione el ascensor, sentarme y charlar con la gente», destaca a la hora de describir su día a día. Para prácticamente todo lo demás, depende de la ayuda de la asistenta y de sus familiares. «Tengo amigas que están mejor que yo y sí que le han dado la ayuda», añade, mientras insiste en que desconoce por qué él no va a ser beneficiario de la prestación: «el que no tiene padrino, no se bautiza», ironiza este residente.

Paco, su único hijo, recuerda que tras la operación de su padre, en octubre de 2011, realizaron la primera solicitud, a la que sucedieron las otras dos, aunque no fue hasta el pasado jueves cuando recibieron la contestación negativa. «Mi padre es un ‘crack’, no se da por vencido, pero a gente que está mejor que él sí se la han concedido…», lamenta.

El solicitante requiere la ayuda de una asistenta para las tareas domésticas y de su hijo para ducharse

Ante la situación de Jaime Francisco, la familia entiende que sería lógico que, al menos, le hubiesen dictaminado el grado 1 (moderada) de dependencia, que se fija «cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día, o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal», según recoge el baremo de valoración de la dependencia al que hace referencia la legislación que regula este ámbito de los servicios sociales.

Por otra parte, la resolución recibida por esta familia abre la puerta a que la familia pueda reclamar y, por la vía administrativa, pueda interponer un recurso de alzada en el plazo de un mes «sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro que estime oportuno». Sin embargo, esta familia todavía tiene que estudiar qué decisión adopta. «¿Un recurso? ¿Gastarnos un montón de dinero para con seguir qué?», se pregunta Paco, quien probablemente tratará de asesorarse con las plataformas y asociaciones de dependientes para analizar los pasos a seguir ante esta situación.

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